Prolongación injustificable de la impunidad y daño a los compromisos de la revolución
Por: Aporrea.org
Fecha de publicación: Domingo, 21/05/06 03:52pm
URL: http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=77982
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Muchos dedos acusadores apuntanhacia López Sisco como presunto
ejecutor de masacres
(Aún anda por ahí)
Foto: Imagen de TV
ejecutor de masacres
(Aún anda por ahí)
Foto: Imagen de TV
Informe Anual de la CIDH (OEA) 2005 hace referencia y comentarios positivos sobre la creación de la Comisión Especial de La Asamblea Nacional para investigar las muertes, torturas y desapariciones ocurridas durante los años 60, 70 y 80 (en la Venezuela gobernada por la IV República).
Dicho Informe menciona la positiva disposición de las actuales autoridades venezolanas respecto a la desclasificación de expedientes y archivos de los cuerpos policiales y militares que intervinieron en la lucha contra la llamada “subversión de izquierda” y de la guerrilla, para que sean sometidos a las investigaciones y experticias de equipos multidisciplinarios de profesionales en Derecho Penal y Derechos Humanos, Criminalística, Arqueología, Historia y Etnografía, entre otros, además de familiares afectados y víctimas sobrevivientes.
COMISIÓN ESPECIAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL FUE UN GRAN PASO ADELANTE PERO PERMANECE SUSPENDIDA
De hecho, esa comisión comenzó a funcionar desde el 14 de julio del 2005. Inicialmente fue presidida por el Diputado Ricardo Gutiérrez y contó con un equipo técnico-profesional especializado en derechos humanos, encabezado por la abogada Merly Morales. Durante seis meses del año 2005 se efectuaron investigaciones y revisión de expedientes en la DISIP, Dirección de Justicia Militar y DIM, visitas a viejas instalaciones de Teatros de Operaciones (militares) de la época y de los lugares donde se perpetraron los horrendos crímenes, búsquedas para la localización de fosas en el cerro El Bachiller, exhumaciones de cadáveres de víctimas de la masacre de Cantaura, exploración de materiales archivados en hemerotecas.
Los miembros del equipo profesional de la comisión también realizaron entrevistas a sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas, así como a funcionarios policiales y militares (retirados y activos) para obtener testimonios y relatos que permitiesen reconstruir lo sucedido e identificar a los posibles victimarios y responsables.
Para esto contó con la colaboración de productores audiovisuales y de los medios comunitarios y alternativos, entre ellos la gente de Panafilm, Catia TVe, emisoras de ANMCLA: Radio Libre Negro Primero, Radio Independencia y el Sitio Web Aporrea.org
También hay que resaltar el apoyo incondicional del compatriota gobernador del Estado Yaracuy, Carlos Jiménez y del alcalde de Guaribe, Manuel Parao (Guárico). El Ministro Jesse Chacón y el Vice Ministro Jesús Villegas Solarte, de Interior y Justicia, contribuyeron para posibilitar el funcionamiento y actividades de esta comisión.
En el Foro Social Mundial, los miembros de la comisión realizaron fructíferos intercambios con participantes de organizaciones de derechos humanos y de instancias de carácter similar, sobre todo con los de países de América Latina que han sido o están siendo afectados por el terrorismo de Estado o donde se produjeron genocidios cometidos por gobiernos dictatoriales del apogeo neoliberal propulsado por los yankees (Argentina, Chile, Paraguay, Guatemala, Colombia, entre otros).
Sin embargo, lo que fue en principio un gran paso, se quedó a medio camino y ha sido truncado, pues la Comisión Especial fue paralizada tras la entrega de su primer informe, luego de un arduo trabajo. Con el cambio de la vieja a la nueva Asamblea Nacional, con los diputados recién electos, la comisión quedó a cargo de la Diputada Iris Varela y aún no ha reanudado sus actividades, lo que presumiblemente atentaría contra la continuidad de una experiencia de trabajo que ha costado tiempo desarrollar y está retardando de manera inconcebible la consecución de sus fines. Ex integrantes de la comisión lamentan esta situación, la cual atribuyen a factores burocráticos y a poca voluntad política, por cuanto los responsables actuales de impulsar tal comisión en la Asamblea Nacional, independientemente de su loable labor en otras áreas o en otros desempeños, no han tomado todavía las decisiones oportunas y efectivas que aseguren la prosecución de tan importante herramienta contra la impunidad y en favor de los derechos humanos.
VÍCTIMAS Y TESTIGOS ACUSAN A LÓPEZ SISCO, POSADA CARRILES Y A OTROS EX FUNCIONARIOS, ADEMÁS DE LOS EX PRESIDENTES DE LA IV REPÚBLICA
Algunos de los testigos e informantes han señalado, incluso públicamente y a viva voz, a presuntos ejecutores de tales crímenes, como es el caso del ex comisario de la DISIP López Sisco, acusado como autor de varias masacres, entre ellas la de Yumare (Yaracuy). Se dice que actualmente trabaja para los cuerpos de seguridad del gobernador opositor del Zulia, Manuel Rosales, quien apoyó el golpe y la dictadura de Carmona en abril de 2002, contra el presidente Chávez. En dicha ocasión López Sisco fue visto y filmado en el asedio a la Embajada Cubana, sucedido en Caracas el día después del golpe fascista. También ha sido señalado el terrorista Luís Posada Carriles, cobijado por el gobierno de Bush en los Estados Unidos, quien no sólo es responsable de la famosa voladura del avión cubano, sino también de muchas otras fechorías realizadas en Venezuela, como la masacre de la Victoria; motivo adicional para exigir su extradición.
Las víctimas son estimadas en millares de personas (aproximadamente tres mil) que fueron asesinadas , torturadas o desaparecidas de manera forzosa (ajusticiadas por los cuerpos de seguridad de aquel entonces). Estos crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos fueron una política de Estado, terrorismo de Estado, que se aplicó sistemáticamente durante los gobiernos adeco-copeyanos de Rómulo Betancourt, Leoni, Caldera, Lusinchi, Luís Herrera y Carlos Andrés Pérez, ex presidentes que, por consiguiente, están igualmente incursos en tales delitos de Lesa Humanidad, los cuales son imprescriptibles frente a la justicia.
UNA REFLEXIÓN Y UN MENSAJE
De poco sirve que estos delitos no prescriban si no se hace todo lo necesario para que la justicia actúe y que acabemos con la impunidad de ayer y de hoy, madre de las injusticias del mañana. Si el proceso revolucionario no sabe resolver este problema, estará dejando un oscuro agujero en el medio de su camino y una seria amenaza para su destino, arrastrará una inmensa debilidad en sus entrañas, en sus principios y en nuestras esperanzas, porque el pasado, si le dejamos brecha, se devuelve. Las víctimas siguen esperando justicia, los asesinos andan sueltos, la nueva víctima pudiera ser todo el pueblo y esta revolución. Hagamos que la historia ande hacia delante, acabemos con la impunidad de ayer, hagamos la justicia hoy para seguirle abriendo paso a un futuro promisor para los derechos humanos, para la revolución y para la democracia.
Por: Aporrea.org
Dicho Informe menciona la positiva disposición de las actuales autoridades venezolanas respecto a la desclasificación de expedientes y archivos de los cuerpos policiales y militares que intervinieron en la lucha contra la llamada “subversión de izquierda” y de la guerrilla, para que sean sometidos a las investigaciones y experticias de equipos multidisciplinarios de profesionales en Derecho Penal y Derechos Humanos, Criminalística, Arqueología, Historia y Etnografía, entre otros, además de familiares afectados y víctimas sobrevivientes.
COMISIÓN ESPECIAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL FUE UN GRAN PASO ADELANTE PERO PERMANECE SUSPENDIDA
De hecho, esa comisión comenzó a funcionar desde el 14 de julio del 2005. Inicialmente fue presidida por el Diputado Ricardo Gutiérrez y contó con un equipo técnico-profesional especializado en derechos humanos, encabezado por la abogada Merly Morales. Durante seis meses del año 2005 se efectuaron investigaciones y revisión de expedientes en la DISIP, Dirección de Justicia Militar y DIM, visitas a viejas instalaciones de Teatros de Operaciones (militares) de la época y de los lugares donde se perpetraron los horrendos crímenes, búsquedas para la localización de fosas en el cerro El Bachiller, exhumaciones de cadáveres de víctimas de la masacre de Cantaura, exploración de materiales archivados en hemerotecas.
Los miembros del equipo profesional de la comisión también realizaron entrevistas a sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas, así como a funcionarios policiales y militares (retirados y activos) para obtener testimonios y relatos que permitiesen reconstruir lo sucedido e identificar a los posibles victimarios y responsables.
Para esto contó con la colaboración de productores audiovisuales y de los medios comunitarios y alternativos, entre ellos la gente de Panafilm, Catia TVe, emisoras de ANMCLA: Radio Libre Negro Primero, Radio Independencia y el Sitio Web Aporrea.org
También hay que resaltar el apoyo incondicional del compatriota gobernador del Estado Yaracuy, Carlos Jiménez y del alcalde de Guaribe, Manuel Parao (Guárico). El Ministro Jesse Chacón y el Vice Ministro Jesús Villegas Solarte, de Interior y Justicia, contribuyeron para posibilitar el funcionamiento y actividades de esta comisión.
En el Foro Social Mundial, los miembros de la comisión realizaron fructíferos intercambios con participantes de organizaciones de derechos humanos y de instancias de carácter similar, sobre todo con los de países de América Latina que han sido o están siendo afectados por el terrorismo de Estado o donde se produjeron genocidios cometidos por gobiernos dictatoriales del apogeo neoliberal propulsado por los yankees (Argentina, Chile, Paraguay, Guatemala, Colombia, entre otros).
Sin embargo, lo que fue en principio un gran paso, se quedó a medio camino y ha sido truncado, pues la Comisión Especial fue paralizada tras la entrega de su primer informe, luego de un arduo trabajo. Con el cambio de la vieja a la nueva Asamblea Nacional, con los diputados recién electos, la comisión quedó a cargo de la Diputada Iris Varela y aún no ha reanudado sus actividades, lo que presumiblemente atentaría contra la continuidad de una experiencia de trabajo que ha costado tiempo desarrollar y está retardando de manera inconcebible la consecución de sus fines. Ex integrantes de la comisión lamentan esta situación, la cual atribuyen a factores burocráticos y a poca voluntad política, por cuanto los responsables actuales de impulsar tal comisión en la Asamblea Nacional, independientemente de su loable labor en otras áreas o en otros desempeños, no han tomado todavía las decisiones oportunas y efectivas que aseguren la prosecución de tan importante herramienta contra la impunidad y en favor de los derechos humanos.
VÍCTIMAS Y TESTIGOS ACUSAN A LÓPEZ SISCO, POSADA CARRILES Y A OTROS EX FUNCIONARIOS, ADEMÁS DE LOS EX PRESIDENTES DE LA IV REPÚBLICA
Algunos de los testigos e informantes han señalado, incluso públicamente y a viva voz, a presuntos ejecutores de tales crímenes, como es el caso del ex comisario de la DISIP López Sisco, acusado como autor de varias masacres, entre ellas la de Yumare (Yaracuy). Se dice que actualmente trabaja para los cuerpos de seguridad del gobernador opositor del Zulia, Manuel Rosales, quien apoyó el golpe y la dictadura de Carmona en abril de 2002, contra el presidente Chávez. En dicha ocasión López Sisco fue visto y filmado en el asedio a la Embajada Cubana, sucedido en Caracas el día después del golpe fascista. También ha sido señalado el terrorista Luís Posada Carriles, cobijado por el gobierno de Bush en los Estados Unidos, quien no sólo es responsable de la famosa voladura del avión cubano, sino también de muchas otras fechorías realizadas en Venezuela, como la masacre de la Victoria; motivo adicional para exigir su extradición.
Las víctimas son estimadas en millares de personas (aproximadamente tres mil) que fueron asesinadas , torturadas o desaparecidas de manera forzosa (ajusticiadas por los cuerpos de seguridad de aquel entonces). Estos crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos fueron una política de Estado, terrorismo de Estado, que se aplicó sistemáticamente durante los gobiernos adeco-copeyanos de Rómulo Betancourt, Leoni, Caldera, Lusinchi, Luís Herrera y Carlos Andrés Pérez, ex presidentes que, por consiguiente, están igualmente incursos en tales delitos de Lesa Humanidad, los cuales son imprescriptibles frente a la justicia.
UNA REFLEXIÓN Y UN MENSAJE
De poco sirve que estos delitos no prescriban si no se hace todo lo necesario para que la justicia actúe y que acabemos con la impunidad de ayer y de hoy, madre de las injusticias del mañana. Si el proceso revolucionario no sabe resolver este problema, estará dejando un oscuro agujero en el medio de su camino y una seria amenaza para su destino, arrastrará una inmensa debilidad en sus entrañas, en sus principios y en nuestras esperanzas, porque el pasado, si le dejamos brecha, se devuelve. Las víctimas siguen esperando justicia, los asesinos andan sueltos, la nueva víctima pudiera ser todo el pueblo y esta revolución. Hagamos que la historia ande hacia delante, acabemos con la impunidad de ayer, hagamos la justicia hoy para seguirle abriendo paso a un futuro promisor para los derechos humanos, para la revolución y para la democracia.
Por: Aporrea.org
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