Por: Martín Guédez
Publicado el Sábado, 15/04/06 11:08am
Una revolución, para que lo sea, significa al enfrentamiento con los factores de poder tradicionales al punto de desplazarlos por los factores emergentes. Si el poder, en todas sus formas y variantes, continúa en manos de quienes lo han detentado por siglos, la “revolución” podría tener algunos o muchos de los elementos de tal pero le faltaría lo fundamental. Algo así como arroz con pollo sin pollo. La revolución, para serlo, pacíficamente o no, tiene que arrebatarles los privilegios a sus tradicionales propietarios hasta democratizarlos y socializarlos.
Los privilegios no se negocian. Esa negociación va contra el instinto de conservación de los privilegiados. Los privilegios deben ser arrebatados en forma contundente o jamás los cederán. Pueden –porque inteligencia y sagacidad no les falta-, aparentar que negocian, que se avienen de buena gana al proceso de redistribución del poder, pero siempre estarán allí con un puñal bajo la manga, calculando, manipulando y esperando –como el caimán en la boca del caño- para lanzar la dentellada.
Sin duda, el camino pacífico elegido o signado por el destino para la revolución bolivariana exige una alta dosis de talento estratégico. Estoy persuadido de qué, uno de los componentes más importante de este talento estratégico es el sentido de los tiempos. Vale decir que afectan por igual los aceleramientos alocados como los retardos ingenuos. Desaprovechar las oportunidades que la torpeza de la oligarquía pone en bandeja de plata es suicida, al menos, tanto como una carrera desbocada por la calle del medio.
La oposición reaccionaria y fascista en Venezuela ha ofrecido mil y una oportunidades para asestarle un golpe severo. Los factores que desde los comienzos del proceso revolucionario –al menos mediados del 2001-, han tenido el protagonismo esencial en la conspiración contra la democracia revolucionaria están bien identificados. Han cometido errores suficientes como para haberles cortado las garras a estos diablos hace tiempo. Empresarios de la desinformación, periodistas y opinadores de oficio, sindicaleros y empresarios de maletín, y por último títeres del viejo estamento político, han ofrecido generosamente sus cabezas, al punto qué –al menos estos mismos personajes e intereses-, no deberían significar nuevos peligros y asechanzas. El cúmulo de delitos es tal que bastará una justicia medianamente diligente para sacarlos del juego.
Desespera y descorazona ver como quienes han protagonizado graves delitos contra el Estado y los derechos humanos fundamentales, siguen conspirando y pavoneándose de ello, siguen ofreciendo pruebas irrefutables a través de sus propios medios de difusión, continúan conspirando, amenazando y pervirtiendo el orden social investidos de una patente de corso insufrible. Uno se pregunta –por mencionar sólo algunos ejemplos-, ¿cómo es posible que la fiscalía no impute a quienes la mañana del 12 de abril de 2002 exhibían sus gloriosas acciones a los cuatro vientos?. ¿Por qué debe seguir libre y conspirando –por ejemplo-, un tal Víctor García, propietario de una encuestadora y una publicación golpista, mismo quien con picardía reivindicaba las acciones destinadas a “tener a Chávez en Venezuela, porque lo necesitábamos aquí”, o cómo el 11 en la noche había “instalado el puesto de comando en Fuerte Tiuna”?, ¿No es un hecho “público y notorio” y una prueba suficiente el vídeo de ese programa?, ¿Cómo no se cita a Otto Nehustal quien estaba en la oficina donde se gravó el vídeo profético que anticipaba los muertos antes que ocurrieran? ¿Cómo no se imputa a los canales y los periodistas de Venevisión, Globovisión, RCTV, Televen, etc., que estaban “cubriendo” ese pronunciamiento y supieron –igual que Nehustal-, que estaban allí apañando una masacre?. ¿Conocer una matanza y no hacer nada por evitarla no es complicidad?.
La Fiscalía General de la República tiene una grave deuda con el pueblo venezolano. La justicia en general tiene que acabar con esa impunidad que estos delincuentes hoy –con descaro infinito-, reclaman. El listado de aberraciones es largo y sólo menciono una perla. Si esta gente hubiese recibido el castigo que la ley –la burguesa, la de ellos- prevé para tales delitos el pueblo venezolano se habría evitado el horror del sabotaje petrolero, las guarimbas y esta guerra psicológica terrible de todos los días. Habría bastado con jugar de acuerdo a sus propias reglas. La Revolución Bolivariana puede ser pacífica lo que no puede es ser bobalicona. El pueblo venezolano no debe seguir estando sometido a esta guerra diaria cuando la justicia tiene todos los argumentos en las manos para imponer la paz. El Estado no puede permitir nuevos 11 para que el pueblo heroicamente salga un 13. La consigna tiene que ser no más 11. La justicia venezolana está en mora y debe pagar esta deuda, no hacerlo será suicida. Si la justicia actúa –dentro del marco de la constitución y las leyes-, nos evitaremos el carnaval de sangre y violencia que preparan para los días de diciembre y enero próximos. No hacerlo es criminal.
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