Por: Roberto Molina
Buenos Aires, 18 may (PL) Un escándalo que tiende a implicar a un jerarca de la Iglesia Católica argentina crece como bola de nieve al hacerse públicos detalles sobre operaciones organizadas de tráficos de bebés.
A medida que diversos medios de difusión masiva halan del hilo de la oscura e intrincada madeja, cobra mayores dimensiones la denuncia sobre compra-venta de recién nacidos en la región de Añatuya, provincia de Santiago del Estero.
Y junto con las revelaciones de un asunto que era un secreto a voces entre los pobladores locales, se devela la participación de monjas en el pingüe negocio, con el eventual visto bueno o tolerancia del ex obispo de Añatuya, monseñor Antonio Baseotto.
Los pormenores provinieron de los alertas de la Fundación Adoptar, una organización no gubernamental, y de su presidente Julio Ruiz.
El activista afirmó que en esa región (unos 30 mil habitantes), con más de la mitad de la población bajo el índice de pobreza, "hubo 10 mil casos de bebés entregados irregularmente en los últimos 10 años".
Basó sus deducciones en que una gran cantidad de partos no se registran y denunció la existencia de una organización encargada de buscar mujeres embarazadas para que entreguen sus recién nacidos por dinero.
Aseveró que a veces lo hacen por una minúscula casita de ladrillos o por sumas de hasta 50 pesos (menos de 17 dólares).
En tanto, acotó, los intermediarios se embolsan entre cinco mil (unos mil 670 dólares) y 20 mil euros, en dependencia de si la pareja receptora es argentina o europea.
Ruiz dice tener conocimientos de la acción delictiva de redes en la región ocupadas de organizar partos en hoteles y de entregar a las futuras mamás 300 pesos al mes (100 dólares) durante el embarazo para garantizar que el bebé nazca sano.
Después, según denunció Adoptar ante la Justicia, hay otra red de "parteros, médicos, monjas, un ex funcionario judicial y al ex obispo de Añatuya, Antonio Baseotto".
El prelado, involucrado recientemente en un pleito con el gobierno por lo cual el presidente Néstor Kirchner lo retiró en marzo como capellán de las Fuerzas Armadas Argentinas, dijo que no hablará sobre el tema, al ser consultado por el diario Clarín.
La indulgencia de las instituciones del poder ante este aberrante hecho, fue reconocida por el gobernador provincial, el abogado de 41 años Gerardo Zamora, quien admitió que de cada 10 niños nacidos en la provincia sólo dos son registrados.
Zamora, vinculado a la vida política desde 1991 al ser elegido diputado, fue antes líder estudiantil en la Universidad Católica de Santiago del Estero, cuando estudiaba Abogacía.
"Para mí, Baseotto es el responsable máximo, la cabeza principal, el jefe, el líder de esta asociación ilícita", sentenció el abogado Luis Santucho, de la Fundación Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en declaraciones para Página 12.
Añadió que "a las embarazadas las llevaban a un lugar que tiene el obispado en Añatuya. Cuando nacía el bebé traían a la pareja compradora, que en muchos casos venía de Alemania, y hacían acuerdos a través del obispado".
Sobre el tema, el periódico digital Corrientes Noticias, insiste en las evidencias que involucran al monseñor, de quien recuerda su firme oposición pública a la educación sexual, el aborto y la anticoncepción.
También apunta que, frente a la campaña a favor del uso de preservativos del ministro de Salud, Ginés González, escribió que "a quienes escandalicen a los niños, deberían atarles una piedra de molino al cuello y arrojarlos al mar", de ahí su democión.
"¿Será que si los bebés no nacen se le termina el negocio?", se pregunta la publicación de la vecina provincia de Corrientes.
lac/Rmh
Tomado de: Prensa Latina
A medida que diversos medios de difusión masiva halan del hilo de la oscura e intrincada madeja, cobra mayores dimensiones la denuncia sobre compra-venta de recién nacidos en la región de Añatuya, provincia de Santiago del Estero.
Y junto con las revelaciones de un asunto que era un secreto a voces entre los pobladores locales, se devela la participación de monjas en el pingüe negocio, con el eventual visto bueno o tolerancia del ex obispo de Añatuya, monseñor Antonio Baseotto.
Los pormenores provinieron de los alertas de la Fundación Adoptar, una organización no gubernamental, y de su presidente Julio Ruiz.
El activista afirmó que en esa región (unos 30 mil habitantes), con más de la mitad de la población bajo el índice de pobreza, "hubo 10 mil casos de bebés entregados irregularmente en los últimos 10 años".
Basó sus deducciones en que una gran cantidad de partos no se registran y denunció la existencia de una organización encargada de buscar mujeres embarazadas para que entreguen sus recién nacidos por dinero.
Aseveró que a veces lo hacen por una minúscula casita de ladrillos o por sumas de hasta 50 pesos (menos de 17 dólares).
En tanto, acotó, los intermediarios se embolsan entre cinco mil (unos mil 670 dólares) y 20 mil euros, en dependencia de si la pareja receptora es argentina o europea.
Ruiz dice tener conocimientos de la acción delictiva de redes en la región ocupadas de organizar partos en hoteles y de entregar a las futuras mamás 300 pesos al mes (100 dólares) durante el embarazo para garantizar que el bebé nazca sano.
Después, según denunció Adoptar ante la Justicia, hay otra red de "parteros, médicos, monjas, un ex funcionario judicial y al ex obispo de Añatuya, Antonio Baseotto".
El prelado, involucrado recientemente en un pleito con el gobierno por lo cual el presidente Néstor Kirchner lo retiró en marzo como capellán de las Fuerzas Armadas Argentinas, dijo que no hablará sobre el tema, al ser consultado por el diario Clarín.
La indulgencia de las instituciones del poder ante este aberrante hecho, fue reconocida por el gobernador provincial, el abogado de 41 años Gerardo Zamora, quien admitió que de cada 10 niños nacidos en la provincia sólo dos son registrados.
Zamora, vinculado a la vida política desde 1991 al ser elegido diputado, fue antes líder estudiantil en la Universidad Católica de Santiago del Estero, cuando estudiaba Abogacía.
"Para mí, Baseotto es el responsable máximo, la cabeza principal, el jefe, el líder de esta asociación ilícita", sentenció el abogado Luis Santucho, de la Fundación Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en declaraciones para Página 12.
Añadió que "a las embarazadas las llevaban a un lugar que tiene el obispado en Añatuya. Cuando nacía el bebé traían a la pareja compradora, que en muchos casos venía de Alemania, y hacían acuerdos a través del obispado".
Sobre el tema, el periódico digital Corrientes Noticias, insiste en las evidencias que involucran al monseñor, de quien recuerda su firme oposición pública a la educación sexual, el aborto y la anticoncepción.
También apunta que, frente a la campaña a favor del uso de preservativos del ministro de Salud, Ginés González, escribió que "a quienes escandalicen a los niños, deberían atarles una piedra de molino al cuello y arrojarlos al mar", de ahí su democión.
"¿Será que si los bebés no nacen se le termina el negocio?", se pregunta la publicación de la vecina provincia de Corrientes.
lac/Rmh
Tomado de: Prensa Latina
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